El control de constitucionalidad de la prisión preventiva en el Ecuador: tensiones entre la seguridad pública y los derechos fundamentales

Resumen

El objetivo principal de este artículo fue analizar críticamente el control de constitucionalidad de la prisión preventiva en Ecuador, examinando la tensión entre la seguridad pública y los derechos fundamentales. La investigación, de carácter cualitativo y dogmático, empleó un enfoque dogmático-jurídico y hermenéutico para analizar el marco normativo nacional, incluyendo la Constitución de 2008 y el Código Orgánico Integral Penal, así como los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El estudio se basó en el análisis de sentencias clave de la Corte Constitucional del Ecuador (2022), como la Sentencia No. 2-20-CN/22, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso Tibi vs. Ecuador. Los hallazgos revelaron que, a pesar de su carácter excepcional, la prisión preventiva se ha transformado en una herramienta de control social generalizada con un escaso control constitucional efectivo. El estudio constató que la práctica judicial a menudo prioriza un discurso punitivo de seguridad pública, cediendo ante la presión social y mediática. Se encontró una brecha significativa entre la norma y la práctica judicial, ya que los jueces no aplican de manera rigurosa el test de proporcionalidad y recurren a justificaciones genéricas para imponer la medida. El artículo concluye que para fortalecer el control de constitucionalidad se requiere una reforma estructural que incluya la capacitación de los operadores de justicia y el fortalecimiento de la Corte Constitucional. Se enfatiza que un control constitucional genuino debe actuar como un mecanismo de defensa de los derechos fundamentales frente al abuso del poder punitivo del Estado.