Seguridad ciudadana y delincuencia organizada: análisis jurídico de la responsabilidad estatal ante la expansión del crimen organizado en el Ecuador
DOI:
https://doi.org/10.51247/st.v9iS2.463Palabras clave:
seguridad ciudadana, crimen organizado, derecho penal, responsabilidad estatal.Resumen
Ecuador ha experimentado en los últimos años un incremento sostenido del crimen organizado, evidenciado en el aumento de la violencia letal, la expansión de economías ilícitas y la infiltración de estructuras criminales en diversas esferas institucionales. En este contexto, el presente estudio tuvo como objetivo analizar la eficacia del marco jurídico penal ecuatoriano frente al fenómeno del crimen organizado, considerando las limitaciones normativas, institucionales y de política criminal que inciden en la protección del derecho a la seguridad ciudadana. Metodológicamente, la investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo de carácter jurídico-dogmático y documental. Para ello, se analizó la normativa penal vigente, literatura doctrinaria especializada e informes institucionales relacionados con la delincuencia organizada y la seguridad ciudadana, lo que permitió una comprensión integral del fenómeno desde una perspectiva normativa y estructural. Los resultados evidenciaron que, si bien el ordenamiento jurídico ecuatoriano contempla una tipificación formal del delito de delincuencia organizada, su eficacia práctica se encuentra limitada por deficiencias estructurales del sistema de justicia, debilidades operativas de las instituciones encargadas de la persecución penal y la ausencia de una política criminal integral, articulada y sostenida en el tiempo. Asimismo, se identificó una brecha significativa entre la norma jurídica y su aplicación efectiva. En conclusión, la investigación determinó que la respuesta estatal frente al crimen organizado resulta insuficiente en su estado actual, lo que exige el fortalecimiento de la coherencia entre el marco normativo, las capacidades institucionales y la política criminal, como condición indispensable para garantizar una protección efectiva del derecho a la seguridad ciudadana.
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