Fundamental rights and anti-drug criminal policy: an analysis of the impact of convictions for drug trafficking and criminal association
DOI:
https://doi.org/10.51247/st.v9iS2.462Keywords:
rights, fundamental, process, trafficking, illicit, drugs, illicit association, criminal, policy, proportionality, penal.Abstract
The criminal treatment of illicit drug trafficking and criminal association in Ecuador reveals persistent tensions between the prosecution of crime and the effective guarantee of the defendant's fundamental rights. This article aims to critically analyze the impact of convictions for these crimes on fundamental rights, in light of constitutional principles and international human rights standards. The research was conducted using a qualitative approach, with a descriptive and analytical scope, based on legal exegesis and content analysis. Constitutional, criminal, and procedural norms were examined, as well as relevant jurisprudence from the Constitutional Court of Ecuador and the Inter-American Court of Human Rights, supplemented by a review of specialized legal scholarship. The results reveal patterns of punitive overreaction, characterized by the imposition of severe sentences based on insufficient evidence, the use of abstract criteria of dangerousness, and a limited individualization of criminal responsibility. Furthermore, deficiencies are identified in judicial reasoning and in the application of the principle of proportionality, which affect guarantees such as the presumption of innocence, due process, and effective judicial protection. It is concluded that the current punitive model presents structural limitations that compromise the legitimacy of the penal system. Therefore, it is necessary to reorient criminal policy toward a comprehensive approach that integrates proportionality, strict legality, and the effective protection of human dignity, in accordance with the constitutional state of rights and justice.
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